La profunda reforma de la regulación de la buena fe procesal operada con la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, la continua aparición de muy diversas resoluciones judiciales sobre los arts. 11.1 LOPJ y 247 LEC, la publicación de nuevas aportaciones doctrinales sobre la materia, y el haberse agotado la primera edición de esta obra, justifica esta segunda edición plenamente adaptada a la nueva realidad legal, jurisprudencial y doctrinal. El amplio reconocimiento legal del principio de la buena fe procesal ha comportado tres relevantes consecuencias respecto a su ámbito de aplicación: en primer lugar, su vigencia alcanza a todos los órdenes jurisdiccionales; en segundo lugar, su aplicación incide sobre cualquier tipo de procedimiento -ordinario o especial- y a cualquier etapa del mismo -declarativa, ejecutiva o cautelar-; y en tercer lugar, su exigencia abarca a todo «interviniente» en el proceso, esto es, tanto a las partes como a los abogados, procuradores, testigos, peritos, etc.